El Juicio Popular, devolvió la palabra a la gente humilde !!!
CONDENAN A SUEZ-ROGGIO (Aguas Cordobesas), a FUNCIONARIOS Y COMPLICES ESTATALES
La lluviosa mañana del viernes 28 de marzo, no impidió que temprano se fuera instalando el acampe popular de los damnificados de la privatización del agua en Córdoba.
Se largó con una chocolateada mientras los niños de las escuelas, con sus obras de teatro, creaban el clima a la espera que se fuera constituyendo el tribunal, al tiempo que lo cartelones espontáneos de denuncias de las barriadas de la ciudad inundaban su principal plazaUn momento emotivo se vivió cuando alumnos de la escuela Quebrada de las Rosas y Mafequín representaron una teatralización sobre derechos humanos y memoria.
Los humildes vecinos de los barrios que habitualmente recorren desolados la plaza, se sintieron reivindicados al encontrar que sus pares se organizaban para llegar de las barriadas al centro, en medio de la llovizna y el frío, a atestiguar ante "su propia justicia", junto a sus familias, con la convicción de que sus relatos y luchas, irán cambiando "la otra injusticia" que genera la falta de agua, saneamiento y la crisis hídrica de toda la provincia, generada por los negociados de los gobernantes corruptos y las transnacionales.
Cerca del medio día ya estaba constituido el tribunal, sorteando el frío reinante y la amenazante lluvia, los vecinos y los testigos, se preparaban para una novedosa jornada de lucha contra la transnacional Suez Roggio (Aguas Cordobesas) y sus cómplices, De La Sota, Schiaretti, y los cuarenta legisladores que votaron prorrogar la estafa que intentan sostener por veinte años mas.
El jurado, estuvo integrado por reconocidos luchadores Argentinos y de países vecinos: Anahit Aharonian, de la comisión en defensa del Agua y la Vida de Uruguay (CNDAV); El párroco del Santuario san Cayetano e integrante del Movimiento Recuperar lo Nuestro, Nicolás Alessio; Oscar Mengarelli, Secretario Gral. De la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Córdoba y la mesa promotora de la Constituyente Social Argentina; Legisladora Liliana Olivero y Eduardo Salas por el bloque parlamentario Frente de la Izquierda y los Trabajadores, y la dirigente político social de Río IV (Córdoba), Solana López.Como fiscal acusador, Gustavo Spedale de la Coordinadora Córdoba en defensa del Agua
y la Vida (CCODAV) y como defensor de la transnacional Suez-Roggio y el gobierno provincial ante la ausencia de los imputados, el compañero de la CCODAV, R. R.
Numerosas adhesiones y saludos, de diversas organizaciones y personas, fueron leídas por Alba de la organización de DDHH Unidhos, relatora del Juicio. Entre otras la de Oscar Olivera de la coordinadora por el Agua y la Vida de Cochabamba (Bolivia) y uno de los protagonistas de la guerra del agua en aquel pais hermano que se solidarizo con las luchas de nuestro pueblo, la de Carlos "perro" Santillán y su organización desde Jujuy, la de los compañeros del CESARC histórico, que siempre nos acompaña en nuestras luchas.
La lectura de la acusación, puso blanco sobre negro en la privatización del agua que por mas de 11 años a asolado a nuestra provincia, y se puntualizaron los delitos que la transnacional Suez Roggio, viene cometiendo contra el pueblo, como la demanda contra la República Argentina en el CIADI (tribunal supranacional del Banco Mundial) por mas de 2.200 millones de dólares incluida Córdoba (108 millones de dólares).
Entre otros puntos que destacó la fiscalia, son los tarifazos que sufrieron y sufrirán los vecinos, a través de una perversa "formula indexatoria secreta" combinada con rebajas en los metros cúbicos libre de agua que significaran aumentos a lo largo del 2008 de entre un 300% a 500%.
También se puntualizó la crisis hídrica reinante en la provincia de Córdoba, donde mas de 12 localidades, ya no tienen agua corriente potable y 10 barrios de la ciudad carecen del vital elemento.
Se desprendió de la acusación, cual será la "fachada de pública y con participación de los trabajadores" que se pretenderá dar a la retirada de la Suez del grupo Aguas Cordobesas mediante una mascarada de empresa mixta que ya esta en marcha.
Por todo ello, la fiscalía acusó al Estado provincial, por asociación ilícita con Aguas Cordobesas Suez Roggio, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito y a los legisladores que votaron el contrato vigente por el delito de "infame traición a la patria".
Dramáticos fueron los testimonios de los vecinos, escuchados atentamente por el público y el jurado:
Claudia, de Villa Campo de la Rivera, afirmaba que no poseía agua y los niños disputaban ese líquido a veces con los animales que usan para trabajar (caballos) e indicó que debían caminar 6 cuadras o más con un tacho cargado con 20 litros para abastecer mínimamente el hogar.Víctor, de barrio Comercial, a su turno, señalaba que su familia pasó más de 11 años acarreando el agua con baldes, en tanto, que recibían intimaciones del pago por parte de Aguas Cordobesas.
Ambos a su tiempo, demostraron que al conectarse por su propia cuenta a la red junto a otros vecinos no hacían más que poner en práctica de manera solidaria y organizadamente el derecho a la vida que es el derecho al agua.
Otro testimonio conmovedor, fue de un vecino de barrio Patricios, que relató la situación generada por la contaminación con nitratos y nitritos por la mezcla del agua de pozo que proviene de una cooperativa, con la de Aguas Cordobesas.
La contaminación fue corroborada por un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba que debió ser pagado por los mismos afectados, quienes también debieron afrontar los costos de abogados para presentar reclamos, sin que fueran escuchados ni siquiera por la justicia, que no hizo lugar a un recurso de amparo.
A pesar de estas penurias, sufren también discriminación, ya que pagan doble tarifa, por un lado a Aguas Cordobesas y por otro lado a la Cooperativa del barrio, pero lo grave es que esta situación se multiplica en más de 150.000 personas.
No menos dramático fue el testimonio aportado por 2 de las víctimas de la feroz represión del 29 de noviembre de 2006, cuando se aprobó el contrato (Minuta Addenda) con Suez-Roggio en la Legislatura, que dejó más de 30 heridos y numerosos detenidos, entre ellos niños.
Cuando el aroma del guiso que se desprendía de la olla popular que preparaban los vecinos, convocaba a un cuarto intermedio, munidos de la declaración y documentación entregada por los testigos, el jurado paso a deliberar.
El cuarto intermedio fue ocasión propicia para que los presentes fraternalmente, intercambiaran opiniones con los integrantes del Movimiento Campesino, los compañeros llegados de Jujuy y las numerosas organizaciones y vecinos que participaban del acampe y el juicio, acordando planes de articulación para las luchas que se avecinan.
La sentencia no se hizo esperar y tras las deliberaciones, el jurado encontró a la empresa Suez Roggio, culpable de asociación ilícita para apoderarse de fondos del estado; discriminación en carácter gravísimo, culpable de poner en riesgo la vida y salud de barrios enteros y responsable del mega emprendimiento Puerto San Roque (a través de su controlada Roggio y cadena de casinos CET), que entre otros contaminantes baja la cota del dique san Roque 3 metros por 100 años (fuente de abastecimiento del agua de Córdoba) para sus negociados inmobiliarios y timbas.
El jurado encontró culpable al Estado provincial y al ERSEP por asociación ilícita con Aguas Cordobesas, violación de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, a los legisladores que votaron el contrato, por el delito de "infame traición a la patria" (Art. 29 de la Constitución Nacional), Incitación a la violencia al promover la represión y privación ilegítima de la libertad, además de lesiones y tentativa de homicidio por los hechos ocurridos el 29 de noviembre del 2006; Malversación de fondos públicos, exacciones (coimas); intimidaciones y violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Asimismo condenó enfáticamente a cualquier organización pública, privada o personas que intenten desviar con falsas opciones, la justas demandas y luchas del pueblo, por la recuperación de sus bienes comunes y se compromete a desenmascarar públicamente y aportar pruebas de estas acciones divisionistas, que mediante las mascaradas de fundaciones, organizaciones sociales, cooperativas, académicos, Universidades u ONG ligadas a las transnacionales o grupos económicos, son funcionales y cómplices del saqueo de nuestros bienes comunes.
La sentencia emitida por el jurado y sus puntos más salientes:
Ordena al Estado nacional el rechazo de la demanda en el CIADI y la ruptura con dicho organismo, el desconocimiento de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) contraídos por el gobierno de Carlos Menem y que continúan vigentes a pesar de estar vencidos, ya que Suez exige 108 millones de dólares por el "caso Córdoba" y más de 2200 millones de dólares a la Nación Argentina.
Ordena al Estado provincial la inmediata anulación del contrato con Suez-Roggio; La expropiación de sus bienes y los de los funcionarios involucrados para indemnizar al pueblo de Córdoba.
Ordena y responsabiliza al Estado provincial, de la suspensión inmediata de los tarifazos, que a través de formulas secretas, que intentan consagrar a lo largo del 2008 y hasta la finalización del contrato con la Transnacional Suez y su controlada Roggio.
Ordena al estado Municipal, el cumplimento inmediato de lo decidido por el pueblo Cordobés (80% de los votos por el no al contrato vigente) en la consulta popular del 2 de septiembre del 2007, convocada por el consejo deliberante y el Ejecutivo Municipal por el contrato del agua.
En virtud de lo enunciado anteriormente:
Ordena a los poderes del estado: la inmediata creación de una Empresa Estatal de Agua y Saneamiento, Integrada Provincialmente, Publica Comunitaria y bajo Gestión de Trabajadores y Usuarios.
Una vez leída la sentencia, el jurado tuvo oportunidad de expresarse sobre los fundamentos de la misma. Resultaron como una enseñanza y advertencia para todos, las palabras de la compañera Uruguaya Anahit Aharonian, que dijo que a pesar de la enmienda que incorporo el derecho humano al agua y la no privatización de las empresas en la Constitución Nacional del Uruguay, hoy en el departamento de Maldonado (Punta del Este), el agua esta en manos de una empresa mixta, por lo que la CNDAV, junto al pueblo Uruguayo, continúan en la lucha en pos de una empresa Estatal y Publica.
Así, y tras la marcha a la legislatura (que como siempre, se encontraba vallada por cualquier reclamo popular) El juicio se transformaba en un hecho real y expeditivo, cuando las voces de los sin voz se hacían sentir con fuerza en una escena dramática que no es más que la realidad de todos los días y la justicia empezaba a estar en manos de la gente. Esas escenas desnudaron en el centro de la ciudad, con todos los detalles, la injusticia a que los ha sometido la discriminación de una empresa privada transnacional que se apoderó del agua. Un derecho de todos.
La unidad construida y demostrada por tod@s en estas jornadas y las resoluciones adoptadas, serán plataforma de lucha para todos los que estuvieron presentes y a los que les llegue esta sentencia popular.
Así los pueblos vamos construyendo en unidad y desde abajo, poder popular, como catalizador que impulse la victoria.
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